El Constitucional ha dictado una providencia por cada una de las decisiones recurridas: la ley de Consultas y el decreto de convocatoria del 9-N. En el caso de la ley, el pleno del Constitucional ha dado traslado de su decisión a la Generalitat y al Parlament para que en el plazo de 15 días se persone en el proceso y formule las alegaciones oportunas. Conforme a la legislación, también ha dado traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso y al Senado. En cuanto al decreto de convocatoria, el TC amplía este plazo a 20 días para personarse a las mismas instituciones en el procedimiento relativo a su impugnación. En aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la resolución indica que para las partes del proceso se suspende la aplicación del precepto impugnado desde hoy, la fecha en la que se interpuso el recurso del Gobierno. La providencia añade que "para los terceros" la suspensión será efectiva desde el día en que la suspensión aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
